Publicado en el diario El Comercio

¿Es la corrupción un problema sistémico? Si por sistémico entendemos lo que está enraizado en los hábitos de una sociedad que tolera conductas deshonestas en el sector público, en los políticos y en los negocios, la respuesta es sí. La corrupción se ha naturalizado: “Roba pero hace obra”, “Todo está podrido”, “Para qué denunciar si todos están amarrados”, “Nosotros robamos menos”, y así por el estilo. 

 

En las últimas semanas, a raíz de los casos de corrupción de alto perfil que involucran al mundo político y empresarial, he escuchado a varios líderes preguntarse: “¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí?”. Parte de la respuesta está en lo absolutamente engañados que estaban cuando pensaban que la corrupción era un problema exclusivo del Estado y de los informales. Fallaron en la autopercepción. 

 

En los 90 la corrupción tuvo un control centralizado desde la cabeza del Estado. En la primera mitad de los 2000, con la regionalización, la corrupción se descentralizó. A partir de entonces –con crecimiento económico sostenido– se produjo la intervención de operadores políticos que originó la infiltración de actividades corruptas casi a todo nivel. En los últimos veinte años hemos visto la agudización de dos fenómenos: por un lado, la infiltración de la economía ilegal en la política, y, por el otro, el incremento de la gran corrupción en megaproyectos centralizados y descentralizados, que indican cómo el interés político se mezcla con el interés privado para –mediante redes y complicidades– aprovecharse de las necesidades de infraestructura, educación, salud, etc., y a través de compras, licitaciones y obras públicas, beneficiarse indebidamente en perjuicio del país. 

 

A raíz de la orden de captura de Alejandro Toledo –cuyo nombre figura en una lista de los más buscados al lado de narcotraficantes, sicarios y delincuentes–, el Perú está protagonizando un caso verdaderamente vergonzoso en la comunidad internacional y muy pronto tendremos a nuestro segundo presidente preso en menos de diez años. ¡Y quizás no sea el último! 

 

¿Es esta una situación lamentable? Sin duda lo es. Pero no todo es negativo. Podemos tornar esta tragedia –como muchos la ven– en un efecto ‘dinamitador’ positivo. Para empezar, el que un ex presidente sea sometido a la justicia envía un mensaje claro de que la impunidad puede ser combatida. Además, una situación tan grave como la actual puede sacudirnos de nuestro letargo y llevarnos a involucrarnos en las reformas que requiere el país, evitando así una nueva oportunidad perdida, como la ocurrida luego de la caída de Fujimori y Montesinos. 

 

Tenemos frente a nosotros dos carriles paralelos. Uno, que llevará a la investigación y posible judicialización de ex presidentes, autoridades y personajes de alto perfil del sector público y privado que resulten responsables de presuntos actos de corrupción. El otro –que no debemos descuidar– debería llevarnos a resolver el fenómeno de la corrupción a largo plazo, pues si no atacamos el origen del problema, no importa que hoy vayan presos todos los culpables: mañana tendremos al Odebrecht de turno por no haber matado la mala hierba de raíz. 

 

Conviene preguntarnos, por tanto, si la corrupción es causa o efecto. De la respuesta dependerá cómo enfrentemos la peor lacra que impide nuestro desarrollo sostenible. Pues bien, en opinión de varios expertos, la corrupción no es el problema; es la consecuencia de otros que la originan, es decir, es efecto, no causa. ¿Cuáles son, entonces, las causas que la originan? 

 

Una primera –evidente a todas luces– es la forma ilegal en que se financia la política y que origina que autoridades electas paguen favores en contra del mejor interés del país. Un segundo factor es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el Estado, con sistemas de compras y contrataciones públicas opacos que alientan la cultura del “vale todo”. 

 

Una tercera causa es la ineficiente regionalización que entregó poder a las regiones sin que estas tengan el respaldo técnico y funcionarial que asegure una buena administración. Los problemas se multiplican en los municipios. Las prácticas corruptas están inmersas en ambos niveles de gobierno. Un cuarto factor que explica la corrupción sistémica es la fragilidad de nuestras instituciones: el Poder Judicial, la Policía Nacional y el mismo Congreso, por mencionar solo tres.

 

¿Qué hacer entonces? Tenemos que ir a las causas del problema. Hacer las reformas que impidan la aparición de nuevos Odebrecht. Estas son la reforma política; la del sistema de administración de justicia, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura; la reforma de la policía; modernizar el Sistema Nacional de Control y la contraloría, entre otras medidas. Propuestas no faltan. Allí están las 100 medidas sugeridas por la Comisión Presidencial de Integridad, el Plan 32 de Transparencia y las iniciativas que desarrollan Voluntarios Proética. 

 

El Congreso de la República tiene la gran oportunidad de hacer estas reformas. Su actual composición –para bien o para mal– no le permitirá excusas ni eximirse de su responsabilidad histórica.

 

Ilustración: Giovanni Tazza Guevara