(Por Ricardo Monzón/Perú21). El Legislativo y el Ejecutivo sacaron adelante el proyecto de reforma constitucional para permitir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el Estado, el cual pretende ser un antídoto contra este flagelo que campea en todo estamento público. Eduardo Vega, ex presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, opina sobre las repercusiones de la ley.

 

¿Cuánto puede cambiar la administración pública con esta medida?

Va en la línea de reconocer que en los últimos años frente a la corrupción hubo mucha impunidad porque se aplicaban los plazos de prescripción, ya que los procesos se dilataban mucho. Una norma de este tipo intenta cambiar el rumbo de impunidad.

 

¿En qué plazos prescribían los delitos antes de esta norma?

En el mismo que tenía la pena. Por ejemplo, si se trataba de peculado, que tiene una condena de cuatro años, prescribía el caso en cuatro años. Esta figura de la imprescriptibilidad va a ir de la mano de otras que se han ido dando en los últimos meses, a partir de la delegación de facultades: agravamientos de pena, penas efectivas, es decir, sin beneficios penitenciarios, muerte civil, y luego esta imprescriptibilidad.

 

¿Entonces sí se ha impulsado un paquete integral anticorrupción?

Sí, en el plano normativo sí tenemos un paquete distinto del que teníamos hace un año atrás.

 

¿Las medidas que menciona, y en específico la de no prescripción, son disuasivas?

Frente a la corrupción tenemos que ver medidas preventivas, de control y represivas. En este caso, estamos frente a las medidas represivas, punitivas, y este paquete era necesario. Obviamente, hay que seguir viendo las medidas de control, la Contraloría requiere una modernización y, por supuesto, necesitamos también medidas preventivas. Debe haber mayor transparencia en cómo se actúa en el Estado.

 

¿Pero la sanción penal apunta al desaliento en la comisión de delitos?

Así es. Pero, mire, en el Poder Judicial se ha condenado a 3,356 personas por delitos de corrupción y solo están en la cárcel 506. Eso hace que los corruptos estén permanentemente haciendo su costo-beneficio. Ahora sabrán que, por lo menos, no va a prescribir el delito.

 

Cuando la Comisión Presidencial de Integridad entregó su informe, usted dijo que 30 de las medidas allí contempladas podían implementarse rápidamente. ¿Cuál es su balance de ello?

Me refería a propuestas normativas que tenían que ver con el ámbito penal. Si hoy, después de 8 meses de haber terminado el trabajo de la comisión, hago un balance, pues hay un nuevo marco jurídico, un avance. En cuanto a transparencia, el presidente publicó su declaración jurada de intereses, pero no hay una norma que respalde y obligue a eso. Hay que mirar los dos lados de la moneda.

 

¿Qué otras medidas que planteó la comisión no se han concretado?

Está la creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, que sí se creó, pero es una dirección dentro del Ministerio de Justicia. Yo no me imagino a un director pidiéndole a un ministro información y que le hagan caso. Y lo tercero está pendiente, una nueva ley de lobbies. Sí se reguló esta ley, pero, creo, de manera deficiente. Por el otro lado, sí es una buena ley la de protección al denunciante.

 

La Comisión de Integridad también hizo una propuesta para cambiar la conformación del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y esta dista mucho de la que finalmente propuso el presidente Kuczynski.

Quedé sorprendido por dos cosas. Primero porque, efectivamente, el presidente tenía una propuesta en mano de la comisión que proponía que la mitad de los miembros del CNM sean elegidos por concurso público y la otra mitad por instituciones y, dos, uno aceptaría esta propuesta si fuera buena, pero no, es mala. Un debate que se inicia con una propuesta de ese tipo no llegará a buen puerto. Sí hay necesidad de una reforma en el CNM, pero no para debilitarla o politizarla.

 

Jorge Medina, presidente de Proética, dijo en Perú21 que no había ni liderazgo ni energía del gobierno para impulsar políticas de lucha contra la corrupción. ¿Coincide?

Nosotros siempre hemos esperado un mayor liderazgo y energía frente a la corrupción, que sea el tema central de este gobierno y lo que vimos en los primeros meses no hablaba mucho en ese sentido. Siento que falta más iniciativa. El paquete normativo es un avance, pero no es todo. No hacen bien a la lucha anticorrupción estas tensiones, peleas, que vimos del Ejecutivo con la Procuraduría.

 

¿Qué podría hacer el presidente para tener más iniciativa en estos temas?

Hay que crear verdaderos sistemas de integridad en las contrataciones públicas, en la selección de personal y mejorar los sistemas de transparencia. Con el sector privado, hay que mejorar el tema de las APP (asociaciones público-privadas), que han sido fuente de los casos más graves de corrupción en el país: Chinchero, Gasoducto, tren eléctrico, Interoceánica. Las empresas brasileras se han aprovechado de estos sistemas de APP para sobrevalorar las obras y para ganar en los arbitrajes.

 

Foto: USI