(La República / Por Isabel Carreño). El ex procurador y presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, dijo que cualquier investigación que involucre al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, tiene que estar bien sustentada. Precisó que la Procuraduría debe implementar mecanismos de comunicación oficiales.

 

¿Es correcto que se les imponga un reglamento a los procuradores?

Es correcto lo que han dicho los procuradores: que ellos son los abogados del Estado y no del gobierno. Ese es un principio básico que nosotros hemos defendido. Por lo tanto, no tienen que sujetarse, en términos de obediencia, a ningún ministro, ni al presidente de la República. Sin embargo, siendo una institución del Estado, la Procuraduría tiene que tener canales y procedimientos formales para poder realizar su labor.

 

Una línea de comunicación.

La Procuraduría se comunica a través de las redes sociales y no es la forma en que una institución del Estado debe hacerlo. No basta simplemente con correr traslado de la noticia criminal para decirle a la Fiscalía que se encargue de hacer averiguación. Esto, en términos procesales, es lo que se llama 'expedición de pesca', y no es aconsejable en investigaciones penales. De hecho están prohibidas en muchos sistemas del mundo.

 

¿Quién debería establecer esos canales?

Me parece apropiado que el gobierno establezca reglamentariamente cuáles deben ser esos canales de comunicación y cuáles deben ser los indicios mínimos para una investigación.

 

¿Hay un intento de mordaza desde el gobierno?

Eso es parte de la suspicacia política. Obviamente estamos en un momento muy exacerbado, y no contribuye el hecho de que la oposición esté echándole leña al fuego, diciendo que esto es una agresión a los procuradores o que es un intento de mordaza. No creo que este deba ser el tono del debate. La ministra (Marisol Pérez Tello) ha explicado que no hay ningún intento de impedir el trabajo. De lo que se trata es de que los funcionarios se ciñan a ciertos protocolos de trabajo, y da la impresión de que en ninguno de los dos casos (de Kuczynski y Vizcarra) ocurrió esto.

 

¿Le pareció pertinente la forma en que las procuradoras salieron a declarar?

Respondieron que tienen ovarios, que no le tienen miedo al primer ministro (Fernando Zavala). Esa no puede ser la actitud de un funcionario público; tiene que ser de responsabilidad con el Estado. Es verdad, también, que no se han hecho públicas las denuncias. Estamos opinando en base a lo que dicen los medios de comunicación.

 

¿Esto les resta seriedad a las propias denuncias de la Procuraduría?

La Procuraduría se ha ganado a pulso su respeto y este tipo de situaciones la mellan, la ponen en duda. Si quieren comunicar hechos, que los hagan públicos. Hemos visto una entrevista en RPP donde se le ha interrogado insistentemente a la procuradora sobre cuáles son los indicios y las respuestas han sido vagas y han pretendido comparar esto con el caso Ecoteva, que es una situación completamente distinta. Acá estamos hablando de un presidente en funciones. Se está cuestionando al vicepresidente en un acto de colusión y al jefe del Estado en un acto de corrupción. Esto es bastante delicado.

 

Con respecto a las denuncias en sí, ¿hay bases para la investigación?

(La investigación) generó una crisis política en base a las denuncias que han presentado los procuradores. Lo que correspondería es que ellos hagan públicas sus denuncias, que no pueden ser reservadas, para que todos tengamos derecho a saber en base a qué se están planteando aquellas en contra de las dos autoridades máximas del país. Hay que ver con qué indicios cuentan en un caso en el que, pareciera, solo se ha hablado de fotos y una referencia muy vaga a un informe del Congreso. Pero no se ha hablado de un elemento que haya sido chequeado básicamente.

 

¿Cree que habría un interés político de perjudicar al gobierno?

Eso es un poco entrar al ámbito de la especulación. Para mí, como ex procurador, lo mínimo es tener una serie de elementos que permitan afirmar una sospecha que genere derecho a una investigación. Lo que se ha sabido a través de los medios de comunicación es que se está, simplemente, planteando una investigación solo en base a especulaciones y se está comunicando este hecho por medios que son informales. Lo que hace esto es generar inestabilidad en un momento bastante crítico para el país con el caso de las empresas brasileñas.

 

Sobre los casos de sobornos de Odebrecht, ¿se está actuando con celeridad?

El martes tuvimos un evento en donde participó un fiscal brasileño y nos dijo que ellos ya van por el cuarto año de investigación. Es bastante absurdo sostener que los fiscales en el Perú en los últimos meses deberían estar a niveles de las investigaciones en Brasil. Pero la investigación fiscal en el Perú se ha desenvuelto en el ritmo adecuado y con la cautela necesaria. No la que les interesa a los políticos, pero sí la que corresponde a una investigación que queremos que llegue a un resultado positivo.

 

El Congreso ha pedido explicaciones sobre el DU 003, que impide a las empresas corruptas movilizar el total o parte de su capital al extranjero.

El decreto de urgencia 003 me parece que es adecuado y va a dar pautas para que efectivamente el dinero no se vaya del país y las empresas no gocen de impunidad. Lo que no se comprende es por qué a la fecha, con el argumento de que no se sabe cuánto han robado, no se pueden adelantar las reparaciones civiles. Aquí debería haber negociaciones con técnicos financieros. No entendemos por qué en el Perú no se avanza en eso.