El impacto de la corrupción es tan perjudicial para la democracia, y afecta tan gravemente a quienes menos tienen, que una sincera radiografía de sus causas y de cómo opera, es necesario para esclarecer las apremiantes tareas para enfrentarla con éxito.

 

Las pérdidas anuales que origina la corrupción se estiman entre el 4% y 5% del PBI, cifra similar al presupuesto que recibe el sector Educación. ¿Qué lograríamos con esos recursos que se pierden? La respuesta no es difícil: mejores programas de educación y nutrición infantil, acceso a la salud a personas en situación vulnerable, combatir eficientemente la inseguridad ciudadana, brindar más oportunidades de desarrollo, etc. Lastimosamente, el estado de confort de la clase dirigente –tanto política, empresarial, académica, como de la sociedad misma-, han permitido que la corrupción se generalice y dañe cada vez más nuestra frágil democracia e institucionalidad.

 

Los escándalos que hoy llenan las primeras planas demuestran la grosera manera en que el interés político se mezcla con el interés privado, para –a través de redes y complicidades- aprovecharse de las necesidades del país y, mediante licitaciones y obras públicas, beneficiarse indebidamente. Pero es tiempo de empezar a organizarnos para prevenir y combatir este mal que el historiador económico Alfonso Quiroz definió en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, como “el mal uso del poder político burocrático por parte de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados, para obtener ventajas (…) contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones”.

 

 

El ecosistema de la corrupción y sus vacunas

En los 90, la corrupción tuvo un control centralizado desde la cabeza del Estado. Luego, en la primera mitad de los 2000, se descentralizó debido al proceso de regionalización, y desde entonces –con crecimiento económico- se intensificó la infiltración de la corrupción en la política. El problema se nos ha ido de las manos porque fuimos incapaces de entender la naturaleza del fenómeno.

 

 

La corrupción, ¿es causa o efecto? Erróneamente se tiende a pensar que es lo primero. Pero no; es efecto. Y a lo que le tenemos que poner atención es a sus causas. Para empezar: a la forma en que se ejerce y se financia la política. Hay demasiada infiltración de dinero proveniente del narcotráfico, la minería y tala ilegales, el contrabando y otras formas de crimen organizado, que financian costosísimas campañas electorales, y luego viene el pago de favores, que no son en el mejor interés del país. Una segunda causa es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el Estado, que hacen nula cualquier vigilancia ciudadana. Una tercera razón son los ineficientes mecanismos de control, investigación y sanción, y un desfasado Sistema Nacional de Control que hace ineficiente la labor de la Contraloría General de la República.

 

Una cuarta razón –la más importante quizás- es nuestra débil institucionalidad. Por ejemplo, el Poder Judicial –que debería ser la última reserva moral del país- funciona muy mal, la ley no se aplica igual para todos, se compran voluntades, y eso genera impunidad. El Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de nombrar y ratificar jueces y fiscales, es una entidad muy cuestionada, y sobre la idoneidad de sus miembros se ciernen dudas más que razonables. La Policía Nacional, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y municipales y el mismo Congreso de la República, son ejemplos de instituciones que requieren de reformas urgentes. Por tanto, entender las causas de la corrupción, es fundamental para enfrentarla. Eso va en línea directa con lo que señalan Daron Acemoglu y James Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”: en gran parte por la debilidad de sus instituciones.

 

¿Qué hacer entonces? Empecemos por comprender que se requiere la participación de las clases dirigentes, pero no sólo del Estado, sino del Sector Privado, la Academia, los Medios de Comunicación y la Sociedad Civil. Si asumen su rol, podremos llevar a cabo las tantas veces postergadas reformas del Estado que requiere el país, como las reformas política, judicial, policial, entre otras, sin las cuales no avanzaremos en combatir la corrupción endémica.

 

Hay cosas muy concretas que se podrían hacer inmediatamente. Para muestra un botón: reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para permitirle identificar de dónde proviene el dinero que financia campañas y políticos, pues es inconcebible que siendo el Perú uno de los principales productores de cocaína del mundo tengamos una UIF sin el suficiente empoderamiento. Igualmente, se debería dotar de mayores facultades a los organismos electorales para que puedan ejercer los controles debidos y sancionar ejemplarmente –no solo con penas pecuniarias, sino también políticas- a quienes incumplan las regulaciones.

 

 

La responsabilidad del Sector Privado

La corrupción tiene su propia dinámica, funciona en base a redes y complicidades y se desenvuelve en un mercado de oferta y demanda con actores que miden costos y beneficios. En este entorno prospera la gran corrupción. Casos como el de Odebrecht muestran cómo se utilizan miles de millones en beneficio de unos pocos a expensas de muchos, fomentando la exclusión social e impidiendo el desarrollo.

 

 

La empresa privada tiene la responsabilidad de vacunarse contra este mal a través del desarrollo de los llamados Programas de Cumplimiento Anticorrupción, un mecanismo de prevención interna que establece estándares desde el máximo nivel de la compañía —directorio y gerencia-, que define una nueva filosofía ética para hacer negocios. Una pregunta para los miembros de los directorios de empresas es cómo harán para que la Cuarta Revolución Industrial, esa que hoy desarrolla a velocidad impresionante nanotecnologías, inteligencia artificial y hasta impresoras 3D, sea artífice de un nuevo momento en la lucha anticorrupción.

 

 

La sociedad civil está despierta

El rol de la sociedad es también vital en esta lucha, y su principal tarea es influir en la ciudadanía para que incremente su nivel de indignación y movilización.

 

A finales del 2016, el nuevo gobierno invitó a un conjunto de expertos de la sociedad civil, en la llamada Comisión Presidencial de Integridad, para desarrollar un informe construido sobre la escucha a líderes sectoriales. Fue así como ministros, empresarios, sindicatos, académicos, entre otros, fueron actores activos de esta hoja de ruta para el cambio que finalizó con 100 recomendaciones. Entre ellas, están el impedimento del ingreso o reingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos; transparentar el sistema de Contrataciones del Estado, evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores; impulsar el Gobierno Electrónico y la simplificación administrativa, promover la denuncia y proteger al denunciante, reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, así como limitar la inmunidad parlamentaria. También, crear el Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo y fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, así como crear un Observatorio que monitoree y evalúe la implementación de las propuestas hechas.

 

Por otro lado, la Asociación Civil Transparencia presentó a finales del 2015 su Plan32, un proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones en el Perú y, con ello, a mejorar la calidad de nuestra democracia, mejorar el Congreso, el Poder Judicial, la Administración Pública y el Sistema Electoral.

 

Finalmente, Proética, el capítulo peruano de Transparency International, tomó la iniciativa de convocar a profesionales del sector privado, público y social a formar parte del grupo Voluntarios Proética, para que canalicen esfuerzos que hagan realidad la lucha contra la corrupción y obtengan resultados con ello.

 

La solución es compleja, pero no imposible. El principal desafío es tener la voluntad de todos los actores involucrados, y qué mejor momento que éste para empezar.