El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán insistió en la necesidad de que el Congreso de la República apruebe una nueva legislación electoral, con el fin de impedir que el dinero sucio o mal habido continúe financiando campañas políticas en el Perú, y que estas reformas puedan ser aplicadas en el próximo proceso electoral de año 2018, cuando corresponda elegir nuevos alcaldes y gobernadores en todo el país.  

 

“Sería prudente que esta nueva legislación se apruebe antes de la convocatoria a tales elecciones, y eso debe ocurrir en menos de 11 meses. En consecuencia, urge abordar esta cuestión cuanto antes”, señaló en la última edición de la Voz de Proética.

 

Por ello, resaltó seis importantes propuestas en esta materia planteadas por los organismos electorales, la sociedad civil y la Comisión Presidencial de Integridad. Las propuestas son las siguientes:

 

Una ley que impida que quienes han sido condenados por graves delitos como terrorismo, corrupción, narcotráfico o lavado de activos, puedan ser candidatos en cualquier proceso electoral.

 

Obligar a quienes postulen y se encuentren procesados por estos mismos delitos,  a declarar esta situación en sus hojas de vida, a fin de que los electores estemos advertidos.

 

Exigir a quienes deseen ser candidatos presentar una declaración jurada de intereses, semejante a las declaraciones presentadas a fines de enero pasado, por el Presidente de la República y los miembros de su Gabinete.

 

Exigir que todas las organizaciones políticas publiquen en el internet, el integro de los aportes recibidos hasta un año antes de la elección, estableciendo además la prohibición de recibir aportes anónimos, así como la obligación de que toda entrega de dinero por montos superiores a una UIT (o sea 4050 soles), ingrese necesariamente a través del sistema bancario.

 

Fortalecer las funciones de control y sanción de los organismos electorales, especialmente en lo que concierne a la contratación de publicidad en los medios. Y, finalmente,

 

Establecer fuertes castigos a la falsedad o la omisión de declarar lo exigido por la ley, no solamente con sanciones pecuniarias sino que, en los casos más graves, también se apliquen sanciones penales y políticas, incluyendo entre estas últimas, la cancelación del registro electoral.

 

“Se trata de lo mínimo que debemos exigir si queremos limpiar el país de la corrupción que hoy campea y recuperar la confianza en nuestras instituciones”, finalizó Albán.

 

 

Foto: Agencia Andina