El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, alertó acerca de una reciente decisión de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, respecto a los casos de lavado de activos. Señaló que, de mantenerse el criterio adoptado por dicha Sala Suprema, se estaría favoreciendo a quienes reciban dinero proveniente de fuentes ilícitas, como el narcotráfico por ejemplo, queden finalmente impunes. 

 

“Lo que se encuentra en juego es muy delicado, porque una decisión adoptada en un caso concreto, por (…)  la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, presidida por el Juez Hinostroza Pariachi, ha decidido, con alcance vinculante para casos futuros, que quienes lavan activos quedarán libres de persecución penal, si la Fiscalía no aporta suficientes elementos que los vinculen con el llamado delito fuente”, dijo en la última edición de La Voz de Proética.

 

Recalcó que está situación es más preocupante ya que actualmente se estima que en el Perú se “lavan” ingentes cantidades de dinero cada año, provenientes del crimen organizado.

 

“El Perú, según todos los indicios a los que puede llegar la Unidad de Inteligencia Financiera, no obstante sus limitadas atribuciones actuales, debe ser uno de los países que califica como ‘paraíso para el lavado’, toda vez que miles de millones de dólares se lavan anualmente en nuestro territorio”, manifestó.

 

Precisó que las consecuencias de que permaneciera inalterable una decisión judicial como la comentada  serían funestas para la ciudadanía, en términos del crecimiento de la corrupción y la delincuencia, más aún cuando estas amenazas acechan al país desde varios frentes.

 

“No podemos desentendernos de esta situación y saludamos por tanto el reclamo hecho por la Fiscalía, así como la respuesta del Presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, anunciado un próximo pleno casatorio entre los jueces penales supremos, para zanjar este asunto”, indicó.

 

Sin embargo, advirtió también que, así como contamos con autoridades y funcionarios que advierten de estos riesgos y desean actuar para ponerles freno, también hay quienes actúan con propósitos opuestos y actúan al interior del aparato estatal.

 

“De allí la necesidad de fortalecer a nuestras instituciones, evitando que el dinero ilegal siga financiando la política, y penetrando esta ya tan débil institucionalidad”, finalizó.