El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán señaló que bien harían los procuradores en revisar sus protocolos de actuación, tomando como eje su rol principal de cuidar los intereses del Estado con relación a las indemnizaciones o reparaciones que cabe exigir a quienes son responsables de graves daños al patrimonio e interés nacional, cuestión en la que hasta el momento no se advierte una performance suficiente y una estrategia clara.

 

“En las últimas semanas hemos asistido a varios pronunciamientos, de las Procuradurías tanto Ad-Hoc como de la Anticorrupción, a través de los cuales se pide al Ministerio Público proceder a denuncias o adoptar medidas contra presuntos responsables en los que toca a Lava Jato y el proyecto del aeropuerto de Chincheros. Sin embargo, la manera en la que estas denuncias han sido expuestas y el escaso sustento que las acompañó, ha dado motivo a serias críticas respecto al rol de las Procuradurías”, dijo Albán en la última edición de la Voz de Proética.

 

Respecto a la reglamentación de la actuación de las procuradurías como se ha anunciado últimamente, indicó que esto no supone una injerencia indebida en la institución, “Siempre que esta reglamentación no termine desvirtuando la autonomía que con tanta expectativa ha sido reconocida como necesaria”, recalcó.

 

Preciso que desde Proética se ha promovido la necesidad de otorgar autonomía a las Procuradurías especializadas como las de Anticorrupción, Lavado de activos, Narcotráfico o Terrorismo, pero el ejercicio de esa autonomía conlleva también responsabilidades, por lo que  quienes asumen funciones tan importantes, deben cuidar de actuar con la mayor prudencia y fundamentación en sus decisiones.

 

“Desde luego, no está demás que la Procuraduría se interese en colaborar con la Fiscalía pero que siempre pueda aportar elementos nuevos ya haciéndolo con prudencia y con los debidos fundamentos. De lo contrario, lejos de generar confianza y respaldo ciudadano, esta nueva entidad  corre el riesgo de caer en el descrédito y en la falta de legitimidad que, lamentablemente, afecta a gran parte de las instituciones del Estado peruano”, finalizó.