Ante la reciente denuncia formulada por el Congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry, contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; hecho que se suma al proceso ya en curso en el Congreso de la República, seguido en contra de 4 miembros del Tribunal Constitucional, con el evidente propósito de continuar con su acusación y posterior destitución, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, considera impostergable manifestar ante la opinión pública, lo siguiente:

 

- La separación de poderes, así como el respeto a la independencia y autonomía de las instituciones del sistema de justicia, constituyen condiciones indispensables para garantizar la debida protección de los derechos fundamentales, el respeto a la Constitución y, en ese marco, llevar adelante investigaciones fiscales eficientes e impedir la impunidad.

 

- En lo que corresponde al Ministerio Público, más allá de cuestiones de carácter contingente, reconocemos la labor que esta institución ha venido realizando bajo el liderazgo del Fiscal de la Nación, para organizar y conducir las investigaciones en materia de corrupción, particularmente en el caso conocido como “Lava Jato”, el más importante que ha conocido el Perú, después del desmantelamiento de la red criminal tejida por el ex presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. En tal sentido, resulta absurda y altamente sospechosa la descalificación promovida por el congresista Salaverry, que ha sido ya respaldada por todos los miembros de su bancada.

 

- Tratándose de los magistrados del Tribunal Constitucional, éstos, conforme al artículo 201 de la Constitución, gozan de inviolabilidad, independientemente del derecho que asiste a todos para coincidir o discrepar de sus decisiones, no pueden ser acusados ante autoridad alguna, incluyendo al Congreso, por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Pretender lo contrario, es simplemente actuar en contra de la indispensable autonomía e independencia que requiere el máximo intérprete de la Constitución.   

 

- Afirmamos en consecuencia que, los procesos de acusación constitucional a los que se pretende abocar el Congreso de la República, que parecieran extenderse también ahora a algunos Ministros de Estado, así como al propio Presidente de la República, constituyen una grave amenaza a la institucionalidad democrática en el país que, de consumarse, implicaría instalar una nueva forma de autoritarismo y agravio a la constitucionalidad. Este serio despropósito, nos lleva a invocar a cada peruano y peruana a permanecer en alerta en torno al curso de estos hechos, cuya trascendencia desestabilizadora debe dar lugar al más amplio rechazo ciudadano.

 

 

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