Como parte de su estrategia institucional, Proética ha empezado a hacer un seguimiento a algunos casos de corrupción que pueden ser calificados como emblemáticos.

 

Para determinar qué casos adoptamos nos fijamos en algunos aspectos clave, como que haya un alto perfil de los involucrados (que sean funcionarios públicos de alto nivel elegidos o designados, que se trate de grandes empresarios o importantes líderes de opinión, por ejemplo), que involucren montos muy grandes de dinero, que sean complejos o que tengan un fuerte impacto sobre la economía, la vida política o el tejido institucional del país.

 

Además, nos fijamos también en la potencialidad de lograr mejorar la calidad de las políticas públicas afectadas por el caso.

 

Esta línea de trabajo está fuertemente asociada con la estrategia al 2020 de Transparency International, que promueve, entre otros factores, aplicar presión sobre los mecanismos de cumplimiento de la ley para evitar la impunidad.

 

Caso Lava Jato

Lava Jato es el nombre de la investigación oficial en Brasil que ha destapado el que posiblemente sea el caso de corrupción más grande de una democracia contemporánea.

 

Un esquema mediante el cual la poderosa empresa estatal petrolera, Petrobras, cobraba enormes sobornos de empresas privadas constructoras en megaproyectos de infraestructura, como Odebrecht, Camargo-Correa, OAS y otras para adjudicarles contratos millonarios a lo largo de varios años, generando un oligopolio corrupto muy rentable no solo para las empresas, sino para la coalición de partidos en el poder.

 

Este escándalo tiene ramificaciones políticas y empresariales en varios países de América Latina y Africa, entre ellos el Perú, que aún están siendo investigadas.

 

Lava Jato es el nombre de la investigación oficial en Brasil que ha destapado el que posiblemente sea el caso de corrupción más grande de una democracia contemporánea.

 

Un esquema mediante el cual la poderosa empresa estatal petrolera, Petrobras, cobraba enormes sobornos de empresas privadas constructoras en megaproyectos de infraestructura, como Odebrecht, Camargo-Correa, OAS y otras para adjudicarles contratos millonarios a lo largo de varios años, generando un oligopolio corrupto muy rentable no solo para las empresas, sino para la coalición de partidos en el poder.

 

Este escándalo tiene ramificaciones políticas y empresariales en varios países de América Latina y Africa, entre ellos el Perú, que aún están siendo investigadas.

 

¿Qué estamos haciendo?

Proética ha solicitado información a entidades oficiales para conocer la dimensión de la operación de las empresas constructoras brasileñas en el Perú para conocer los contratos de estas empresas con entidades públicas peruanas, tanto dentro del sistema de contrataciones (al Organismo Superior de Contrataciones del Estado), como aquellos procesos exonerados del sistema (Pro-Inversión).

 

Así también, hemos solicitado información a la Contraloría para conocer las acciones de control realizadas por esta entidad (y los otros órganos del sistema de control) sobre los procesos de contratación que involucran a estas compañías y evaluar la capacidad de respuesta del sistema de control sobre las actividades de estas empresas y de las entidades y autoridades que contrataron con ellas.

 

 

Crisis del Consejo Nacional de la Magistratura

A inicios de 2015, nuestra institución exigió la destitución del recién nombrado, pero altamente cuestionado Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, por sus vínculos con la organización criminal del ex presidente regional de Ancash, César Álvarez.

 

La destitución finalmente ocurrió a mediados de 2015 luego de hacer un seguimiento al proceso en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, al tomar conocimiento de lo que ocurría en el CNM, encontramos la precariedad del sistema que lo sostenía y que resultó en el nombramiento de consejeros muy cuestionados en el segundo semestre del año pasado.

 

Así, ante la importancia de esa entidad encargada de nombrar, ratificar y remover jueces y fiscales en todo el país y la posibilidad real de que se pierdan las garantías en el ejercicio de esas funciones, tomamos la decisión de sumarnos al Instituto de Defensa Legal (IDL) y otras organizaciones y seguir este caso hasta que se pueda lograr un cambio.

 

¿Qué estamos haciendo?

Solicitamos al Fiscal de la Nación que inicie una investigación a uno de los ahora ex consejeros, Alfredo Quispe Pariona, por una serie de cuestionamientos previos a su elección. Venimos siguiendo ese caso. Además, estamos permanentemente brindando información al público a través de nuestras cuentas en redes sociales y también estamos buscando sensibilizar a líderes de opinión sobre el caso para lograr su apoyo en esta campaña.